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  • Germán Vargas Lleras

    Germán Vargas Lleras

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2026/05/luis-felipe-henao-1×1-ia-2.1.jpg» image_diameter=»500″][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]Luis Felipe Henao [/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1778531741376{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1778438148218{margin-bottom: 0px !important;}»][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1778529273291{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Luis Felipe Henao para el periódico El Tiempo

    Hoy, su partida deja una huella imborrable. Nos queda su ejemplo: valentía, disciplina, temperamento, capacidad de trabajo y amor por Colombia.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1778531379398{margin-bottom: 0px !important;}»]Hoy no despido solamente a un líder político excepcional; despido a un amigo entrañable, a un mentor generoso, a ese hombre con quien durante años hablé de política, de historia, de música y de libros. Al hombre que me enseñó que el poder no servía de nada sin cultura, sin disciplina intelectual y sin pasión por las ideas. Aquel que podía pasar de una discusión sobre el futuro de Colombia a recomendar novelas de piratas, a hablar de Edgar Allan Poe, o detenerse, con la misma intensidad, en las aventuras de Casanova y la condición humana detrás de cada personaje.

    Así era Germán Vargas Lleras: un hombre de carácter indomable, pero también de enorme sensibilidad intelectual; un lector voraz, un conversador brillante y un servidor público obsesionado con transformar a Colombia.

    El país ha perdido a un guerrero de mil batallas. No solo se ha ido un funcionario ejemplar; se fue el hombre que demostró, con hechos y no con discursos, que la política puede ser transparente, eficiente y profundamente comprometida con el destino de la nación. Se fue, tal vez, el último gran ejecutor de Colombia.

    La primera gran batalla de Germán fue contra la corrupción, ese cáncer que ha debilitado instituciones y les ha robado oportunidades a millones de colombianos. Siguiendo el legado de Carlos Lleras Restrepo y Luis Carlos Galán, construyó una carrera intachable: concejal, senador, ministro del Interior y de Justicia, ministro de Vivienda y vicepresidente de la República. En cada cargo dejó una huella de resultados. Solo le faltó llegar a la Presidencia y hoy Colombia lamenta esa ausencia.

    Desde el Congreso se convirtió en uno de los contradictores más feroces de las mafias políticas y de los corruptos. Denunció escándalos, promovió el primer gran estatuto anticorrupción, enfrentó poderes enquistados cuando muchos preferían guardar silencio e impulsó mecanismos inéditos para la transparencia pública.

    También entendió que el mayor enemigo de Colombia era la alianza entre criminalidad, narcotráfico y política. Denunció las atrocidades ocurridas en la zona de distensión del Caguán, impulsó la extinción de dominio y fortaleció la lucha contra el lavado de activos, golpeando a las organizaciones criminales donde más les dolía: sus recursos y sus redes de poder.

    Esa valentía tuvo un precio. Sobrevivió a un libro bomba en 2002 y a un carro bomba en 2005. La vida pública, para él, nunca fue un refugio seguro; fue una batalla permanente por las instituciones y la democracia.

    Pero Germán no solo luchó contra la corrupción y el crimen. Comprendió que la pobreza se combate con eficiencia y resultados. Lideró la construcción de más de un millón de viviendas, modernizó la infraestructura del país y conectó regiones históricamente olvidadas, llevando esperanza y desarrollo.

    No solo se ha ido un funcionario ejemplar; se fue el hombre que demostró, con hechos y no con discursos, que la política puede ser transparente, eficiente y profundamente comprometida con el destino de la nación

    Hoy, su partida deja una huella imborrable. Nos queda su ejemplo: valentía, disciplina, temperamento, capacidad de trabajo y amor por Colombia. Nos deja la enseñanza de que solo enfrentando con carácter la corrupción, la delincuencia y la ineficiencia podremos defender la democracia.

    Se fue el guerrero de mil batallas, pero su legado permanecerá vivo en quienes aprendimos de él que la política es, ante todo, una forma de servicio.

    El mayor homenaje que Colombia puede hacerle a Germán Vargas Lleras es no entregarle el país al continuismo de todo aquello contra lo que luchó. Que su legado nos obligue a no claudicar. A no aceptar jamás una Colombia sometida al crimen, al populismo, a la burocracia ineficiente o a la complacencia con los violentos. Porque Germán luchó hasta el último día por un país moderno y gobernado con carácter.

    Un abrazo fraterno y solidario para su hija, Clemencia; su nieto, Agustín, y sus Hermanos, José Antonio y Enrique, herederos de una pasión infinita por Colombia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1778531547123{margin-bottom: 0px !important;}»]LUIS FELIPE HENAO
    11 de Mayo 2026
    Fuente: El Tiempo[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Un guerrero

    Un guerrero

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2026/05/jose_antonio_vargas_ileras.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1778438148218{margin-bottom: 0px !important;}»][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1778438912402{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: José Antonio Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Germán Vargas Lleras hizo de la política un genuino ejercicio de liderazgo. A su manera, con su carácter, con su temperamento y con su genio.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1778437967930{margin-bottom: 0px !important;}»]Creímos que era invencible. Y él también. Los guerreros son así. Estuvo muchas veces cerca de la muerte. Desde aquella noche de agosto del 89, en la plaza de Soacha, en la tarima con Luis Carlos Galán, que marcaría su vida para siempre; la carta bomba en la Navidad del 2002, en el Congreso, con la que perdió varios dedos; el atentado con carro bomba de la carrera 9.ª, en octubre de 2005, que se saldó con nueve heridos de su escolta; la caída del helicóptero en Sandoná, Nariño, en noviembre del 2012; y el accidente en el Caribe en abril de 2002. Con razón pensó que de este último y definitivo duelo también saldría triunfante.

    Todo en la vida de Germán Vargas era así: intenso, a fondo, al límite. Desde muy joven y al lado de su abuelo Carlos Lleras Restrepo descubrió su pasión por la política, pasión que lo acompañó todos y cada uno de los días de su vida y que lo llevó a ocupar desde un escaño en el Concejo de Bojacá, a los 18 años, hasta la Vicepresidencia de la República. Muchas alegrías y satisfacciones le traería este camino vital, pero también muchos sacrificios y decepciones.

    De sus prolíficos 16 años en el Congreso de la República, cuya presidencia ejerció en el año 2003, dan cuenta infinidad de iniciativas legislativas en materia de justicia transicional, víctimas, desmovilizados, estatuto anticorrupción, seguridad y defensa nacional, estatuto de la abogacía, convivencia ciudadana, ley de orden público, protección a defensores de derechos humanos. No había tema de la vida nacional al cual no se dedicara con verdadero interés. Pero fueron la seguridad, la justicia y la infraestructura a las que dedicó sus mayores esfuerzos, ya no solo como senador sino como ministro y vicepresidente.

    Germán Vargas Lleras hizo de la política un genuino ejercicio de liderazgo. A su manera, con su carácter, con su temperamento, su genio dirían algunos. Entendió la política y el servicio público como el arte de ejecutar, de orientar la acción del Estado a la realización de obras de gran impacto y beneficio común. Sus colaboradores nos han dado testimonio de su particular manera de impulsar los proyectos hasta su culminación. Todo tenía que ser “ya”, como el programa de vivienda ‘Mi casa Ya’, del que tanto se enorgullecía y con el cual se entregaron más de 100.000 casas gratis que, más que soluciones, fueron una semilla de esperanza para tantas familias.

    O los centenares de obras de infraestructura, como las 33 autopistas del programa 4G y el programa de vías para la equidad y el de modernización de más de 50 aeropuertos, entre otras muchas obras que supervisaba a diario para asegurar su ejecución en tiempo y presupuesto. Recorrió el país no una, sino varias veces. Disciplina, perfección, sentido de urgencia. Así era su diario vivir.

    Germán Vargas Lleras entendió la política y el servicio público como el arte de ejecutar, de orientar la acción del Estado a la realización de obras de gran impacto y beneficio común

    Su preocupación por la seguridad, el orden público y la lucha contra todas las expresiones de violencia lo llevaron a enfrentar sin cuartel a los carteles del narcotráfico, incluidas las guerrillas y los paramilitares que terminaron haciendo parte de esas mismas estructuras. De allí su compromiso y admiración por las Fuerzas Armadas, a las que sirvió con lealtad ya como dirigente político o como orgulloso teniente de la reserva. Las leyes de extradición, de extinción de dominio, la reforma del código penal y de procedimiento, prevención y sanción de la financiación del terrorismo, de las cuales fue autor o ponente, le costaron para siempre la pérdida de su tranquilidad personal y familiar y muy probablemente su sueño de llegar a la Presidencia de la República.

    Germán Vargas se preparó toda la vida para ser Presidente. Había estudiado el país con seriedad y realismo. De ello dan cuenta los documentos de su última campaña que conservan aún toda su validez. Pero se nos fue muy joven y a destiempo, cuando el país más necesitaba de su liderazgo, experiencia y autoridad y cuando todo por fin parecía alinearse a su favor, se fue, como diría el maestro, sin miedo, con el alma limpia, con la sonrisa plena. Se nos fue con la tranquilidad del deber cumplido, de haber dado todas sus luchas –desde esta misma columna los últimos 7 años– y de haber hecho hasta lo imposible para preservar un país que hoy ve amenazada su democracia y su libertad y que muy a su pesar podrían perderse para siempre. Nos hará una falta inmensa. A su hija y a su nieto, a sus hermanos y su familia, a sus amigos, pero sobre todo a Colombia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1778438117269{margin-bottom: 0px !important;}»]JOSÉ ANTONIO VARGAS LLERAS

    10 de Mayo 2026
    Fuente: El Tiempo[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • A cuchillo en Palacio

    A cuchillo en Palacio

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1759259598788{margin-bottom: 0px !important;}»]


    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1761840473088{margin-bottom: 0px !important;}»]
    Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Nunca antes habíamos visto un uso tan descarado del aparato público con fines electorales.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1762874964599{margin-bottom: 0px !important;}»]Debo confesar que no podía dar crédito al escuchar esta semana a una funcionaria despedida de la Presidencia de la República decir al aire que en palacio había que andar con cuchillo para defenderse de un gobierno y un Presidente en campaña. Lo cierto es que la frase, aunque dura, resume con precisión lo que está ocurriendo en el Palacio de Nariño y en gran parte del aparato estatal: un gobierno que se ha convertido en maquinaria electoral permanente.

    Nunca antes habíamos visto un uso tan descarado del aparato público con fines electorales. Lo que antes se ocultaba o se hacía con cierta discreción, ahora se ejecuta sin pudor, con órdenes expresas desde la Casa de Nariño y con la participación activa de ministros, directores de entidades, gobernadores y alcaldes aliados.

    El presidente Petro ha dado la orden clara: todo el Estado debe estar en modo campaña. Y así se está cumpliendo. Ninguna entidad puede escapar al modo campaña que ha sido ordenado en forma clara y contundente y se ejecuta con precisión de relojería a todos los niveles del Estado.

    Desde la entrega de bonos, subsidios y auxilios en zonas estratégicas, hasta la inauguración de obras inconclusas o la promesa de nuevas inversiones justo en regiones donde se necesitan votos. Desde el uso de los recursos de la Presidencia para actos masivos disfrazados de “gobierno en los territorios”, hasta la presión sobre funcionarios para que participen en eventos políticos o para que firmen adhesiones públicas.

    Lo más grave es que esta instrumentalización del Estado no solo viola la neutralidad que exige la Constitución y la ley, sino que pone en riesgo la democracia misma. Cuando el gobierno usa los recursos públicos para perpetuarse en el poder, se distorsiona la competencia electoral y se vulnera el principio de igualdad de condiciones entre los candidatos.

    Y lo que es peor: se normaliza la idea de que el Estado es propiedad del gobernante de turno. Se confunde el interés público con el interés partidista. Se confunde el gobierno con la campaña. Y se confunde la institucionalidad con el clientelismo.

    El caso de la funcionaria despedida es solo la punta del iceberg. En Palacio, según ella, reina el miedo, la desconfianza y la paranoia. Quienes no se alinean con la línea oficial son apartados, despedidos o marginados. Quienes sí se alinean reciben beneficios, ascensos y prebendas. Es el clásico esquema de “o estás conmigo o estás contra mí”.

    Y mientras tanto, el país asiste atónito a esta conversión del gobierno en una estructura de campaña permanente. Con el agravante de que el presidente, en lugar de gobernar, dedica gran parte de su tiempo a atacar a sus contradictores, a polarizar y a preparar el terreno para lo que él mismo ha llamado “la segunda vuelta” en 2026, aunque sea a través de sus aliados.

    El uso electoral del aparato público no es nuevo en Colombia, pero nunca había alcanzado este nivel de descaro y sistematicidad. Nunca había sido tan evidente que el Estado se ha puesto al servicio de un proyecto político y personal.

    Es hora de que la ciudadanía, los órganos de control y la justicia pongan un freno a esta deriva autoritaria. Porque si no se detiene ahora, el riesgo es que las próximas elecciones no sean libres ni justas, sino un mero trámite para legitimar lo que ya se está cocinando desde el poder.

    El país no merece un gobierno que use el Estado como arma de campaña. Merece instituciones neutrales, recursos públicos bien administrados y un presidente que gobierne para todos, no solo para sus seguidores.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1761840622803{margin-bottom: 0px !important;}»]
    GERMÁN VARGAS LLERAS
    *Secretario ejecutivo de la Fundación Carlos Lleras Restrepo*
    1 de febrero 2026
    Fuente: El Tiempo
    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Estrenar la suspensión provisional

    Estrenar la suspensión provisional

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1759259598788{margin-bottom: 0px !important;}»]


    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1761840473088{margin-bottom: 0px !important;}»]
    Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Es de esperarse que ante la protuberante violación de nuestra Constitución la Corte se pronuncie no solo a la mayor brevedad sino de forma unánime.

    [/vc_column_text][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1770829347571{margin-bottom: 0px !important;}»]El futuro de la democracia colombiana se va a definir en los próximos días, a través del fallo que emita la Corte Constitucional sobre la emergencia económica decretada por el señor Petro y su gobierno, tan solo unos días después de que le fuera negada, en buena hora por el Congreso, su ley de financiamiento. No se trata simplemente de definir si se van a aplicar durante el 2026 una serie de impuestos confiscatorios y mal diseñados. No, lo que está en juego es la posibilidad de que por medio de un estado de excepción, el gobierno de turno pueda imponer normas que el Legislativo ha negado.

    Lo que se discute aquí es la separación de los poderes públicos, que es uno de los pilares de la democracia y que este gobierno insiste en acabar, en esta ocasión, con su pretensión de imponer los tributos que el Congreso rechazó. Si la Corte avala esta emergencia decretada, el Poder Legislativo habrá perdido su sentido y a partir de ese momento toda ley que sea negada podrá ser expedida mediante una declaratoria de emergencia económica.

    Nuestra Constitución Nacional (CN) ha previsto que en ciertos casos de anormalidad extrema y sobreviniente, el Gobierno puede expedir normas que son de competencia del Congreso, de suerte que se puedan atacar en forma inmediata las raíces de la anormalidad. Es lo que sucede cuando estamos en presencia de un terremoto devastador. Ante lo excepcional, repentino e imprevisible del hecho, la CN faculta al Gobierno para que de manera excepcional y transitoria expida por fuera del cauce legislativo las normas que se requieran para conjurar la crisis, entre las cuales se incluye la imposición de tributos o su modificación.

    Pero lo sucedido con esta declaratoria por parte de este gobierno es sorprendente: aduce que tiene una serie de gastos recurrentes en cuantía de $ 15,7 billones para el 2026, que dice no ser capaz de atender por la negativa de la ley de financiamiento, y los disfraza como hechos extraordinarios, sobrevinientes, atípicos e imprevisibles, para justificar la emergencia.

    Resulta un exabrupto que al tiempo que el Gobierno considera un desfase presupuestal de $ 15,7 billones, como una crisis fiscal extraordinaria y atípica, que teóricamente pone en riesgo la estabilidad del país, suscriba un contrato para adquirir en Suecia unos aviones de combate por valor de más de $ 16 billones, aumente el salario mínimo en un 23,6 %, lo que implicará un faltante de $ 8 billones anuales, suscriba en 2025 más de 190.000 órdenes de prestación de servicios por valor de $ 8 billones y presenta un presupuesto para el 2026 incrementado en un 4,6 % por encima de la inflación.

    Si la Corte avala esta emergencia decretada, el Poder Legislativo habrá perdido su sentido y a partir de ese momento toda ley que sea negada podrá ser expedida mediante una declaratoria de emergencia económica

    Ninguno de los hechos invocados por el Gobierno como fundamento de una presunta calamidad –con la cual se pretende justificar esta emergencia– tiene carácter sobreviniente, extraordinario, imprevisible o repentino. Por el contrario, son situaciones conocidas y recurrentes, en su mayoría derivadas de problemas estructurales y crónicos que no han sido resueltos y que eran plenamente conocidos por el propio Gobierno. No existe, por tanto, ningún hecho que pueda calificarse como sobreviniente y que resulte idóneo para sustentar esta declaratoria.

    Hay que decirlo con claridad, el Gobierno dispone de diversos mecanismos para enfrentar el déficit fiscal y atender los gastos que ahora alega como motivo de preocupación: la reducción del gasto, el control de la evasión y el contrabando, la reasignación de partidas presupuestales y la adopción de una política de estímulo al sector productivo que promueva la inversión, el crecimiento económico y un mayor recaudo tributario, entre otros, pero nada de esto se está haciendo.

    Estas y otras consideraciones son las que tendrá que valorar sin pérdida de tiempo la Corte Constitucional para evitar por la vía de la suspensión del decreto de emergencia que se consoliden situaciones gravosísimas no solo para los contribuyentes, sino también para los entes territoriales que ya anunciaron acudir a la excepción de inconstitucionalidad para prevenir daños irreparables a sus magras finanzas.

    Es de esperarse que ante la protuberante violación de nuestra CN la Corte se pronuncie no solo a la mayor brevedad sino de forma unánime, aunque ya sabemos el sentir de varios magistrados que reiteradamente vienen acogiendo las tesis de este gobierno sin importar los argumentos y las graves consecuencias para el país.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1761840622803{margin-bottom: 0px !important;}»]
    GERMÁN VARGAS LLERAS
    *Secretario ejecutivo de la Fundación Carlos Lleras Restrepo*
    25 de enero 2026
    Fuente: El Tiempo
    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • A por todo

    A por todo

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1759259598788{margin-bottom: 0px !important;}»]


    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1768833484196{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Quieren acabar con una Constitución que les estorba, que detestan por ser el principal obstáculo para imponer su modelo de Estado y de sociedad.

    [/vc_column_text][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1768833654176{margin-bottom: 0px !important;}»]La constituyente anunciada por el señor Gustavo Petro a final de año y ahora promovida por el candidato Iván Cepeda y por otros sectores que históricamente han detestado la Constitución de 1991, como el Eln y las Farc, es la réplica del modelo que impuso el régimen chavista para desmontar el Estado de derecho y sustituir la democracia en el país vecino. Paradójicamente, todos, incluidos por supuesto Hugo Chávez y Petro, lograron llegar al poder amparados en constituciones y regímenes democráticos que hoy desprecian y que desde esa posición buscaron y buscan acabar.

    Fue tan enfático Petro en su compromiso por respetar la Constitución Nacional que incluso reconozco que hasta se tornó sospechoso para muchos. Ahora vemos que todo fue una farsa, un engaño que tuvo su confirmación con la presentación del proyecto de constituyente por el “superministro” Antonio Sanguino. Quedó al descubierto su verdadero propósito: acabar con una Constitución que les estorba, que detestan por constituir el principal obstáculo para imponer su modelo de Estado y de sociedad.

    Lo que pretenden está claro, desmontar uno por uno los pilares de nuestra arquitectura constitucional: la democracia, el Estado de derecho y el modelo de funcionamiento de los poderes públicos.

    Quieren, además, reconfigurar la propiedad privada, limitar hasta donde sea posible la iniciativa particular y, como es bien sabido, la estatización de cuanta actividad definan como estratégica. Quieren recentralizar recursos y competencias para subordinar alcaldes y gobernadores. Quieren acabar con la independencia del Banco de la República, porque la disciplina monetaria es incompatible con el populismo fiscal que promueven. Quieren acabar con el sistema de pesos y contrapesos, neutralizar a las cortes y a los órganos de control, porque los límites al poder les resultan insoportables. Quieren un Congreso obediente o irrelevante. Quieren, en suma, un Estado gigante, omnipresente y omnipotente, y un gobierno sin freno ni limitación. Un Estado como el que se instaló hace más de dos décadas en Venezuela.

    Lo he advertido en columnas anteriores. Este libreto ya lo vimos en Venezuela, impusieron una constituyente para desmantelar la institucionalidad, perseguir a la oposición y perpetuarse en el poder. Allá también se habló de “poder popular”, de “cabildos populares”, de “refundar la democracia”, y el resultado fue la sustitución del Estado de derecho por la arbitrariedad, los abusos, la violencia paraestatal y el colapso económico.

    La constituyente de Chávez fue convocada violando la propia Constitución. El Ejecutivo impuso unas bases electorales hechas a su medida que aseguraron su hegemonía política; estableciendo la “doctrina de poder originario ilimitado” que allanaría el camino para el posterior desastre institucional de la constituyente de Maduro. Se creó un órgano supraconstitucional, sin controles ni límites, que anuló la Constitución preexistente, se arrogó funciones legislativas, desplazó al Parlamento legítimamente elegido y sometió al Poder Judicial para rediseñar todo el aparato del Estado al servicio del régimen.

    Quieren un Estado gigante, omnipresente y omnipotente, y un gobierno sin freno ni limitación. Un Estado como el que se instaló hace más de dos décadas en Venezuela

    Y ese es exactamente el modelo que pretenden imponer en Colombia. No en vano, el señor Petro, su gobierno y sus aliados promueven la movilización permanente como mecanismo de presión. Desacatan sistemáticamente las decisiones judiciales, deslegitiman a las cortes cuando no fallan a su favor, estigmatizan a la oposición y gobiernan por decreto. Ni qué decir de la complacencia con las estructuras criminales bajo la farsa de la ‘paz total’.

    Estamos en un punto de quiebre y nos enfrentamos a un debate decisivo. De un lado, un sector político encabezado por Petro y el candidato Cepeda que quiere sustituir la Constitución para, entre otros objetivos, perpetuarse en el poder. Y del otro, un país que valora las libertades, la separación de poderes y las reglas de juego que nos dimos en el 91. Esta discusión no admite matices: o se defiende la Constitución o se la entrega.

    El país merece claridad y a estas alturas, ‘ad portas’ del proceso electoral, es indispensable saber quiénes están de cada lado. El 8 de marzo, al definir la conformación del Congreso de la República, sabremos si una constituyente al estilo venezolano como la que propone el Pacto Histórico contará con las mayorías para ser convocada. Por ello, esta elección es crucial si queremos mantener nuestra Constitución, preservar el modelo de Estado y, sobre todo, nuestra nunca bien valorada democracia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1768833664584{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    *Secretario ejecutivo de la Fundación Carlos Lleras Restrepo*
    18 de enero 2026
    Fuente: El Tiempo[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • La hora de la Corte

    La hora de la Corte

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1768331638247{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1768331784623{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Que la vacancia judicial contribuya a la sensatez y al buen juicio de los honorables magistrados de esta corporación.

    [/vc_column_text][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1768331907294{margin-bottom: 0px !important;}»]La decisión del Gobierno de decretar la emergencia económica como respuesta a la no aprobación de su ley de financiamiento por el Congreso confirma el desprecio del señor Petro por el Legislativo, por la separación de poderes y, en últimas, por la Constitución Nacional (CN). Ya está bien de seguir engañados, ni Petro ni el candidato Cepeda respetan la Constitución. Aun cuando reclaman su coautoría, nunca les ha gustado, ven en ella una talanquera al ejercicio del poder sin restricciones. Detestan al Congreso, a las cortes y a los órganos de control.

    Hay que abonarle a Petro que haya iniciado su mandato con la idea de gobernar en coalición con otras fuerzas políticas. Su efímero primer gabinete tenía esta pretensión que consiguió la aprobación de la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo. Pero con el primer revés en la reforma de la salud, todo se fue al traste. Se desató la ira del gobernante, y de la estrategia de la coalición pasamos a aquella del soborno y la compra de conciencias que tanto había criticado como senador y candidato.

    De este oscuro periodo quedó la aprobación de los cupos de endeudamiento que hoy tienen tras las rejas a los presidentes del Senado y la Cámara de entonces e investigados a no menos de una docena de congresistas de la mal llamada coalición del cambio. También a los ministros Bonilla y Velasco, que deben responder por sus actuaciones en este y otros casos.

    Luego vino la etapa de las amenazas, con la constituyente a la cabeza. Cómo no recordar el compromiso tallado en piedra de que no se acudiría a este mecanismo. De nada valió, y lo cierto es que por esta rabieta presidencial seguimos a estas alturas en modo constituyente, ahora a cargo del flamante ministro Sanguino, que de renunciado pasó a fungir como primer ministro del régimen y oficia en simultánea de canciller, ministro de Hacienda, de Vivienda, del Interior y del Trabajo.

    De la mano de este mismo individuo, sufrieron el Congreso y el país el peor chantaje de que se tenga noticia con la aprobación de la reforma laboral por cuenta del referendo. Nunca el Congreso debió ceder a esta agresión y a esta ruptura del orden institucional.

    Ya está bien de seguir engañados, ni Petro ni el candidato Cepeda respetan la Constitución. Aun cuando reclaman su coautoría, nunca les ha gustado, ven en ella una talanquera al ejercicio del poder sin restricciones.

    Y ahora, la última versión de este desprecio constitucional se expresa en este decreto de emergencia con el que se ha pretendido suplantar al legislador y reemplazar la deliberación democrática. No pretendo profundizar en el análisis de la conformidad de dicho decreto, el 1390 de 2025, con el ordenamiento constitucional. Me basta con advertir que es violatorio en forma ostensible y protuberante de lo regulado por el artículo 215 de la CN, que habla de “hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública”

    Nada hay de imprevisto ni de sobreviniente en las razones que aduce el Gobierno para la declaratoria. ¿Acaso no conocía de tiempo atrás la obligatoriedad de cumplir con lo ordenado por la propia Corte en relación con el ajuste de la UPC a la cual se han negado en forma desafiante? ¿O está ahora sorprendido por la situación de orden público a la que ha dado lugar su fracasada ‘paz total’, o la atención de desastres naturales –no sabemos cuáles– por el saqueo de la entidad encargada precisamente de atenderlos, o el pago de condenas en sentencias judiciales, varias con años de atraso, o el agotamiento de alternativas de endeudamiento, cuando han sobrepasado cualquier límite en materia de deuda pública, violentando la regla fiscal? Y, por último, hablar de restricciones de caja cuando todos sabemos que han sido originadas en el desmadre de las finanzas públicas de este gobierno manirroto, corrupto e irresponsable.

    De todas las razones, la aducida, paradójicamente, es la no aprobación de la ley de financiamiento, que es precisamente la que de ninguna manera es aceptable para declarar la emergencia económica.

    Por lo anterior, la Corte Constitucional está perfectamente en capacidad, y creo es su deber, de proceder a suspender provisionalmente este decreto y todos los expedidos bajo su amparo en cumplimiento de su propia jurisprudencia contenida en el Auto A-272 de 2023. En particular, impedir que se causen efectos irremediables o que se pueda eludir el control constitucional como en este preciso caso. Que la vacancia judicial contribuya a la sensatez y al buen juicio de los honorables magistrados de esta corporación.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1768331963937{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    *Secretario ejecutivo de la Fundación Carlos Lleras Restrepo*
    11 de enero 2026
    Fuente: El Tiempo[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • A la venezolana

    A la venezolana

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1768331638247{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1768331491244{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Si aún hay dudas que el camino de Colombia, de seguir un gobierno petrista, es el mismo de Venezuela, hay que observar decisiones como la del mínimo.

    [/vc_column_text][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1768331485017{margin-bottom: 0px !important;}»]Cerró el año el señor Petro con dos decretazos ilegales y en extremo inconvenientes para la maltrecha economía nacional, las finanzas públicas, el empleo y la salud de las empresas. Comencemos con el populista incremento del 23 % al salario mínimo. No tengo duda de que la motivación es electoral y que se convertirá en la principal bandera de las fuerzas petristas en las campañas al Congreso y a la Presidencia. Y aquí lo más grave es que ese afán electoral los ha cegado para entender el daño descomunal que causarán al país y, muy en primer lugar, a las familias de menores ingresos, incluyendo a quienes falazmente pretenden beneficiar.

    Ya han corrido ríos de tinta de expertos economistas y analistas sobre los efectos perversos de este incremento. En primer lugar, sobre el empleo formal. Sectores como la construcción, la seguridad privada, los ‘call centers’, los restaurantes y muchos otros ya han manifestado su profunda preocupación por la viabilidad de sus actividades. Ni qué decir de las pequeñas y medianas empresas que harán sus primeros ajustes prescindiendo de parte de sus trabajadores. Este impacto que se traducirá en la pérdida de centenares de miles de empleos lo vamos a registrar de manera casi inmediata, y parte de estas personas irán a parar, en el mejor de los casos, a la informalidad pero eso a este gobierno, que está en modo campaña, le tiene sin cuidado.

    Y el impacto más devastador lo veremos en inflación pura y dura. El peor de los castigos a los bolsillos de los más necesitados. Los primeros efectos se verán sobre los bienes y servicios que están indexados al salario mínimo, como los copagos en los servicios de salud, los precios de vivienda de interés social e interés prioritario, entre otros. Pero como este gobierno todo lo improvisa, recién anuncian que usarán la emergencia económica para desindexarlos. Bien habían podido prever al menos este efecto automático.

    También soy de la opinión de que este decreto es ilegal, pues en nada consulta las variables económicas y sociales que la ley prevé para la fijación del incremento anual. El Consejo de Estado ya se ha pronunciado sobre estos requisitos legales que en esta oportunidad se han vulnerado ostensiblemente, pero no me hago ninguna ilusión con respecto a que esta corporación u otra, a la que se someta su examen, lo vaya a suspender. Como ya es costumbre, el señor Petro advierte que si este fuera el caso convocará un paro nacional. Una nueva amenaza contra la institucionalidad a la que ya nadie reacciona.

    Lo más grave es que ese afán electoral los ha cegado para entender el daño descomunal que causarán al país y, muy en primer lugar, a las familias de menores ingresos, incluyendo a quienes falazmente pretenden beneficiar

    Este incremento obedece a una estrategia diseñada y puesta en marcha desde el primer día de gobierno y que es calcada de lo ocurrido en la Venezuela chavista. Cómo olvidar la alocución en la que Chávez anunció el primero de muchísimos incrementos salariales desbordados que condujeron a hiperinflaciones, llegando a un máximo de 130.000 %, y a que actualmente un salario mínimo no alcance ni para comprar una botella de aceite en ese país.

    Si alguien todavía duda que el camino que le espera a Colombia de seguir un gobierno petrista es el mismo de Venezuela, no tiene más que observar decisiones como esta y, mucho más grave aún, la convocatoria a una asamblea constituyente que hizo pública Petro la semana pasada. Lo advertí hace varios años y, a pesar de que muchos me cuestionaron desde entonces, los hechos hoy me dan la razón, se trata de una fiel copia de la Constituyente venezolana con la cual se sepultó la democracia y el Estado de derecho en ese país. Pero eso será tema de una próxima columna dominical.

    El segundo decretazo fue el de la también ilegal declaratoria de la emergencia económica. Todo en este decreto es un atropello a la Constitución. Nada que permita suponer que estamos frente a algún hecho que perturbe o amenace perturbar en forma grave e inminente el orden económico y social ni tampoco frente a una grave calamidad pública. Lo único que hubo fue el ejercicio legítimo del Legislativo, que no aprobó el proyecto tributario de un gobierno manirroto y corrupto que antes que poner orden en la casa prefirió seguir presionando a los contribuyentes.

    En las siguientes semanas me propongo abordar este tema y los abusivos tributos ya decretados, pero no puedo dejar de señalar que lo que le corresponde a la Corte Constitucional en este momento, y sin ninguna dilación, es suspender provisionalmente los efectos de este decreto abiertamente inconstitucional. Ojalá no evadan esta responsabilidad histórica.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1768331385364{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    *Secretario ejecutivo de la Fundación Carlos Lleras Restrepo*
    4 de enero 2026
    Fuente: El Tiempo[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Paro armado permanente

    Paro armado permanente

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1768331154386{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1768331020487{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Con la escalada armada de los grupos ilegales fortalecidos, el país se encamina a un proceso electoral bajo presión de los criminales.

    [/vc_column_text][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1768331080162{margin-bottom: 0px !important;}»]La magnitud de las acciones criminales perpetradas esta semana a lo largo y ancho del país, y que no se veían hace décadas, es la evidencia del desmonte deliberado de la capacidad y autoridad del Estado, el empoderamiento del crimen organizado y el colapso de la mal llamada ‘paz total’ del señor Petro.

    l paro armado del Eln, anunciado del 14 al 17 de diciembre, por lo visto ya es permanente. Solo un día después de ese término, el país presenció un nuevo ataque. Esta vez a la base militar de Aguachica, que dejó seis soldados asesinados y decenas de militares heridos. Esta escalada terrorista que completa más de 60 acciones violentas, 13 departamentos sometidos, comunidades, soldados y policías asesinados, no es una amenaza, es una demostración de poder frente a un Estado replegado e impotente. Y a este régimen nos van a someter los “hermanos” de Petro, como él los llama, de aquí en adelante. Este es solo el inicio.

    El ataque a Buenos Aires, Cauca, ejecutado por alias Max Max de las disidencias, expuso la diezmada capacidad de la Fuerza Pública y la ausencia de Estado. Policías resistiendo, civiles heridos y un municipio destruido. Los uniformados permanecieron más de siete horas sin apoyo aéreo ni refuerzos, demostrando no solo la inoperancia de la inteligencia para anticipar estas acciones y la incapacidad de reacción, sino la indolencia del Presidente y su gobierno. Como era de esperarse, la respuesta del Ejecutivo se limitó a ofrecer inútiles recompensas que no motivan a nadie, a minimizar la evidencia y a hablar de “terrorismo mediático” o “escaramuzas para aterrorizar a la población”. ¿Habráse visto algo similar? Inaudito.

    Y estos hechos no son más que el reflejo del deterioro de la seguridad nacional. Los grupos armados ilegales en este Gobierno crecieron más de 55 % en hombres, control territorial y capacidad. Ninguna organización criminal se ha desmovilizado; por el contrario, se expandieron amparados en ceses del fuego sin verificación y en procesos de negociación y mesas de diálogo inocuas y sin exigencias, cuyos gastos ya superan los $ 80.000 millones en estos “conversatorios”.
    Con una Fuerza Pública maniatada por el propio Gobierno, los secuestros, extorsiones y ataques a la infraestructura se dispararon. Las voladuras de oleoductos aumentaron más de 700 %. Solo Caño Limón-Coveñas sufrió 29 ataques. Y ni hablar de las consecuencias en vidas humanas. En estos tres años, los homicidios aumentaron cerca del 8 %, alcanzando 40.663 víctimas, cifra récord frente a gobiernos anteriores y sigue subiendo.

    Y ¿cómo entender que mientras Estados Unidos designó al ‘clan del Golfo’ como organización terrorista extranjera, Colombia negocia con esa estructura y contempla beneficios jurídicos incompatibles con ese estatus? Con esta designación, el país ya tiene 4 grupos criminales catalogados como organizaciones terroristas por EE. UU., lo que a nadie parece importarle.
    No es alarmismo; en estas condiciones, no vamos a tener elecciones libres en buena parte del país y pareciera que es lo que le conviene al régimen para garantizar su permanencia en el poder

    A ello se suma la congelación de 22 extradiciones avaladas por la Corte Suprema, el ocultamiento de alias Mocho Olmedo por la Dirección Nacional de Inteligencia para evitar su captura y la reciente suspensión a la de ‘Araña’. Por lo visto, según marrano, continuamos negando extradiciones cuando ya sabemos que no hay mejor instrumento de cooperación judicial. ¿Y todavía hay quienes se sorprenden por las medidas adoptadas por Trump y el Gobierno norteamericano cuando, además de estas evidencias, las cifras del narcotráfico y producción de cocaína alcanzaron un récord histórico?

    Y existe un riesgo mayor. Con la escalada armada de los grupos ilegales fortalecidos, con su control territorial ampliado y con mayor capacidad de coerción, el país se encamina a un proceso electoral bajo presión de los criminales. En gran parte del territorio hoy mandan estos delincuentes, controlan la movilidad, imponen horarios, restringen campañas y deciden quién entra y quién no. No es alarmismo; en estas condiciones, no vamos a tener elecciones libres en buena parte del país y pareciera que es lo que le conviene al régimen para garantizar su permanencia en el poder.

    Pero más grave aún es el peligro inminente de continuar la ‘paz total’ bajo la batuta de quien la concibió, el senador y ahora candidato Iván Cepeda, quien anuncia en público una versión “recargada” de la misma, pero avalada por una Constituyente.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1768331114501{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    *Secretario ejecutivo de la Fundación Carlos Lleras Restrepo*
    21 de diciembre 2025
    Fuente: El Tiempo[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • El ‘decretazo’ 2

    El ‘decretazo’ 2

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1768330656083{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1768330564988{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    La tributaria era nefasta, pero más grave es buscar imponerla disfrazada de emergencia y el precedente que creará para futuros abusos similares.

    [/vc_column_text][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1768330892850{margin-bottom: 0px !important;}»]En buena hora el Congreso hundió la reforma tributaria. Lo advertí en varias ocasiones, una propuesta abiertamente confiscatoria que, entre otras cosas, iba en detrimento de los hogares de ingresos medios y bajos, imponía más carga para las empresas, motivaba la fuga de capitales, propiciaba mayor informalidad y poco o nada hubiera contribuido a solucionar el problema fiscal. La verdad, no había cómo defender semejante adefesio ni país que resistiera la combinación de improvisación y desbordado apetito fiscal. Más recursos para este gobierno de manirrotos cuyo propósito no es nada distinto a financiar la permanencia del petrismo en el poder en el año electoral que se avecina.

    Y como era previsible, el señor Petro, lejos de reconocer la derrota y acatar la decisión del Legislativo, reaccionó, como ya es costumbre, acusando al Congreso de sabotear al Gobierno, insinuando intereses oscuros y, por supuesto, anunciando un nuevo “decretazo” de emergencia económica indiscutiblemente inconstitucional.

    Un nuevo capítulo del mismo libreto: si el Congreso no aprueba sus reformas está yendo en contra del pueblo, lo cual habilita al gobierno para expedirlas por fuera de los límites constitucionales. Y si en algún momento le importó, ya no, pues sabe muy bien que con la llegada de su abogado, el magistrado Carvajal, a la magistratura de la Corte Constitucional ha entrado a operar una mayoría alineada a sus propósitos. La misma que por meses ha dilatado decisiones, ha modulado fallos para permitir que se subsane lo insubsanable y también ha avalado decisiones por razones políticas o de conveniencia.

    Esa coalición de magistrados que en las decisiones más sensibles ha votado en bloque a favor del Gobierno volverá a hacerse sentir. Ya el país conoce el proceder de los señores Vladimir Fernández, Miguel Polo, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel, a los que se ha sumado Héctor Carvajal. Los mismos votos, la misma alineación, el mismo actuar. Los fallos recientes no dejan dudas.

    En mi criterio, la emergencia económica que ahora pretenderán avalar es abierta y flagrantemente inconstitucional, pues no existe un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario que habilite semejante declaratoria y las normas que de ella puedan derivarse. Yo quiero ver si la Corte hará uso de su facultad de suspensión provisional mientras estudia su constitucionalidad. Una facultad que no ha ejercido ante excesos evidentes y cuya ausencia de uso resulta injustificable. Baste mencionar la ley de la “paz total” en el 2022, los decretos de cese del fuego bilateral o la intervención de Sanitas, por referirme solo a algunos. Si no es ahora, ¿cuándo?

    Pero no nos hagamos ilusiones, esta medida cautelar, claramente procedente ante un abuso tan protuberante como este inminente “decretazo”, tampoco se verá. La Corte no va a suspender nada. Y cuando a bien tenga fallar, lo hará cuando ya el Gobierno haya implementado por decreto lo que el Congreso negó por mayoría.

    Es muy lamentable decirlo, pero el país ya perdió la esperanza respecto a los tiempos de esta corporación. Bastaría inventariar cuántos procesos sensibles llevan más de un año sin decisión, ejemplo de ello la reforma pensional o la suficiencia de la UPC e inclusive, un tema tan álgido como el desabastecimiento de medicamentos. Silencios que se han convertido en ventajas para el Ejecutivo.

    La emergencia económica que ahora pretenderán avalar es abierta y flagrantemente inconstitucional, pues no existe un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario que habilite semejante declaratoria y las normas que de ella puedan derivarse

    Y pese a que la Corte en casos como este tiene un término perentorio de 90 días, como lo establece la Constitución, me temo que difícilmente se cumplirá o peor, no sorprendería un cambio de jurisprudencia promovido por la mayoría petrista para terminar dándole vía libre.

    La tributaria era nefasta, inviable e indefendible, pero más grave es la pretensión de imponerla disfrazada de emergencia y el precedente que creará para futuros abusos similares. ¿Y si la Corte finalmente declara inexequible la emergencia? Ya lo vimos con otros fallos, Petro desconocerá la decisión, abrirá una nueva controversia pública y acusará a la justicia de estar capturada. Nada nuevo. La violación sistemática del Estado de derecho, como lo advertí la semana pasada, se volvió para este Gobierno parte del paisaje.

    Ojalá me equivoque. Ojalá esta vez la Corte actúe, pero por lo visto el desenlace es predecible, Petro decretará la emergencia, la Corte dejará correr el tiempo y, dentro de un año o más, cuando llegue el fallo, el daño ya estará consumado. Advertidos estamos.

    P. D. Regalo navideño: Y ahora la Corte elimina la reincidencia. Premio a los hampones.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1768330926123{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    *Secretario ejecutivo de la Fundación Carlos Lleras Restrepo*
    14 de diciembre 2025
    Fuente: El Tiempo[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Adiós al Estado de derecho

    Adiós al Estado de derecho

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1759259598788{margin-bottom: 0px !important;}»]


    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text margin_bottom=»0″ css=».vc_custom_1765516985232{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Está claro que al señor Petro no le preocupa pasar por encima de una Constitución que prometió cumplir, pero que irrespeta a diario.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1762874964599{margin-bottom: 0px !important;}»]Los escándalos que día a día marcan el paso de este nefasto gobierno no pueden hacernos perder de vista la decisión inequívoca del señor Petro de atropellar el Estado de derecho, la justicia y sus instituciones. Ya nadie se sorprende de que el señor Petro y sus funcionarios controviertan los fallos, no los acaten, ni mucho menos los cumplan. No les importa que los declaren en desacato ni las sanciones que de esa conducta se puedan derivar. Con esta forma de gobernar buscan erosionar la legitimidad del Poder Judicial y fracturar la independencia de los poderes públicos. Y lo están consiguiendo.

    Ese desprecio institucional se repite en cada interacción del Gobierno con las cortes o con los organismos de control. Ninguna decisión se respeta, ni las del Consejo de Estado, ni las de la Corte Constitucional ni las de los tribunales, tampoco las decisiones de la Procuraduría o de la Contraloría, mucho menos de la Defensoría. Los magistrados dictan providencias, ordenan medidas, fijan plazos, y el Gobierno responde con maniobras dilatorias, excusas administrativas y en muchos casos con amenazas y acusaciones de golpes blandos.

    El caso del general Huertas es uno de los ejemplos más recientes. La Procuraduría ordenó suspenderlo por la gravedad de los hallazgos que lo vinculan con estructuras criminales, pero esta es la hora en que el Gobierno no acata la orden. Anuncian que hay un decreto, pero nada, el general tan campante, en uso de unos días de descanso. Inaudito.

    El episodio de la Creg es, quizás, uno de los más graves. Dos fallos, el del Tribunal y el del Consejo de Estado, ordenaron nombrar seis miembros en propiedad, no encargados, tampoco interinos, y tres años después, la orden sigue incumplida. Declararon desacato y ni ante eso hubo reacción, el incumplimiento persiste.

    En salud, la conducta es aún más grave. La Corte Constitucional ordenó el cumplimiento de pagos atrasados y el ajuste técnico de la UPC. El ministerio, en cabeza del señor Jaramillo, ha intentado todo para no cumplir con los fallos. Y lo cierto es que el plazo, todos los plazos vencieron y no hubo pago, no hubo ajuste y no hubo cumplimiento. Estamos ante el colapso del sistema de salud claramente inducido, y las consecuencias las estamos pagando con vidas. ¿Qué sigue? ¿Quién responde?

    Con esta forma de gobernar buscan erosionar la legitimidad del Poder Judicial y fracturar la independencia de los poderes públicos. Y lo están consiguiendo

    Petro no pierde ocasión para calumniar y difamar a todos sus contradictores. Ya llevamos un sinnúmero de fallos, varios de ellos del Consejo de Estado, en los que se le ordena rectificar. Todavía no ha cumplido el primero, ni lo hará.

    Y como si fuera poco, el episodio del fallo del Consejo de Estado sobre la transmisión de los consejos de ministros por canales privados, en el que, no contento con haber recurrido el fallo, ha ejecutado toda clase de maniobras para incumplir lo ordenado.

    Está claro que al señor Petro no le preocupa pasar por encima de una Constitución que prometió cumplir, pero que irrespeta a diario. El intento de liberar a miembros de la ‘primera línea’ para convertirlos en “voceros de paz” mediante decretos va incluso más lejos. En buena hora la Corte Constitucional tumbó la figura por inconstitucional; sin embargo, la práctica de sustituir decisiones judiciales con decretos presidenciales ha sido una constante.

    Otro ejemplo fueron las advertencias de la Procuraduría en el contrato para la producción de pasaportes, que tampoco fueron atendidas, y hoy se reitera la prohibición de ejecutar pagos con cargo a ese contrato. Ya veremos cómo tampoco cumplen esta orden del ente de control.

    Forzoso referirse a las agresiones de los funcionarios de Petro contra la Rama Judicial. El país espera sanciones frente a estas conductas. Bien harían las cortes en exigir respeto para todos y cada uno de los miembros de la jurisdicción y asegurarse de que estas conductas no queden impunes.

    Es evidente que no estamos frente a casos aislados, se trata de un patrón reiterado, sostenido y deliberado de atropello institucional. Petro y su gobierno decidieron que la ley es relativa, que las cortes pueden ser burladas e irrespetadas, que los fallos se evalúan políticamente y se cumplen solo si coinciden con el proyecto ideológico del Ejecutivo. Adiós al Estado de derecho.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1761840622803{margin-bottom: 0px !important;}»]
    GERMÁN VARGAS LLERAS
    *Secretario ejecutivo de la Fundación Carlos Lleras Restrepo*
    7 de diciembre 2025
    Fuente: El Tiempo
    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]