Las APPs son una herramienta importante en el desarrollo de la infraestructura regional de todo orden, esto es, de transporte, infraestructura social y equipamiento urbano.

Una vez pasadas las elecciones, y con la cercanía de la posesión de los nuevos gobernantes regionales, es una buena ocasión para realizar algunas reflexiones sobre las oportunidades y retos que el desarrollo de proyectos de Asociaciones Público Privadas –APPs– representa para las entidades territoriales.

Las APPs pueden resultar una herramienta importante en el desarrollo de la infraestructura regional de todo orden, esto es, de transporte, infraestructura social y equipamiento urbano. Sin embargo, en la práctica, desde la expedición de la Ley de APPs, estas han sido utilizadas casi de manera exclusiva por el gobierno nacional y solo para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte. Así pues, la llegada de nuevos gobiernos territoriales es una oportunidad para generar las condiciones necesarias para la implementación de las APPs.

La posibilidad de desarrollar proyectos de iniciativa privadas sin desembolso de recursos públicos ha generado particular expectativa ante el panorama económico. Para que la herramienta de las APPs de iniciativa privada resulte exitosa debe lograrse el complejo equilibrio entre que el proyecto en sí mismo sea explotable económicamente a tal punto que el producto de su aprovechamiento pague las obras y su operación, por un lado, y que el proyecto satisfaga integralmente los intereses del Estado, por el otro.

Tarea pendiente es el desarrollo de proyectos de APPs en sectores diferentes al transporte. En efecto, revisando el listado de proyectos hasta hoy planteados, se evidencia que las APPs (públicas y privadas) en sectores diferentes al transporte, aún tienen un desarrollo incipiente. Sin duda la infraestructura social y equipamiento urbano son posibilidades aún no suficientemente explotadas y representan una gran oportunidad para todas las entidades territoriales.

Así mismo, algunas entidades territoriales, por su tamaño y la estrechez del presupuesto, no cuentan con la capacidad técnica para iniciar y desarrollar con éxito un proceso donde el particular estructure y financie el proyecto, por lo cual el gobierno nacional, a través del DNP, tendrá que apoyar esta labor.

En el caso particular de Bogotá, el alcalde electo ha anunciado la creación de una agencia especial para la contratación y gestión de las APPs con el propósito de que el distrito cuente con las herramientas técnicas necesarias para el correcto desarrollo de esta herramienta. Si bien este es un inicio plausible, el hecho cierto es que la creación de esta entidad puede demorarse más de un año, por lo cual, es recomendable que la Alcaldía aproveche la experiencia con que cuenta la Agencia Nacional de Infraestructura. Así mismo, desde el principio de su mandato, el alcalde mayor tendrá que buscar escenarios de articulación permanente entre el distrito y el gobierno nacional, pues la mayoría de los proyectos propuestos para Bogotá necesitan el concurso del gobierno Santos en temas presupuestales y ambientales.

Confiamos en que los nuevos gobiernos regionales avancen en el camino correcto para la implementación de las APPs, no solo en el desarrollo de grandes proyectos de transporte, sino en proyectos que contribuyan a dar respuesta a los problemas sociales de las regiones y, por esta vía, a la equidad.

Ernesto Ortiz Díaz / Director de la práctica de Infraestructura de Asociado Medellín, Martínez y Durán Abogados.